17 de febrero 2017
Boletín de prensa No 03
Sentencia en segunda instancia a favor de la Contraloría Municipal de Pereira
El Juzgado Primero Penal del Circuito emitió una sentencia en segunda instancia a favor de la Contraloría Municipal de Pereira a tutela interpuesta por la Empresa de Energía de Pereira, negando así la pretensión de violación de debido proceso en auditoría en lo referente a la composición accionaria de la Empresa.
La sentencia es consecuencia de la acción de tutela interpuesta por la Empresa de Energía al haberse recusado para ejercer la función de líder de equipo auditor a Carlos Alberto Gallego, por cuanto en una auditoría anterior, la entidad accionante radicó denuncia de carácter penal por la presunta responsabilidad penal en el delito de prevaricato por acción.
Los hechos
Según la representante legal de la Empresa, Yulieth Porras, se veía violentado su derecho al debido proceso por cuanto la denuncia iniciada en contra del señor Gallego podría afectar la imparcialidad de la auditoría y por tanto inició acción de recusación en contra del funcionario, la misma que fue declarada infundada.
Así las cosas, la accionante presentó una acción de tutela en busca de la protección a dicho derecho solicitando medida cautelar y es el Juzgado Tercero Penal Municipal el que decide declararla improcedente por cuanto no se logró demostrar perjuicio irremediable.
Inconforme con la sentencia la accionante impugna la decisión, y es el Juzgado Primero Penal del Circuito el que resuelve el recurso indicando que al revisarse el informe de funciones del señor Gallego, no es posible se violente el debido proceso de la Empresa, ya que “sus tareas se limitan a la recolección objetiva de información y expedición de informe final con posibles hallazgos efectuados en el ejercicio y de ser el caso, dar traslado a la dirección de responsabilidad fiscal o a la entidad competente para tomar una decisión definitiva (procuraduría, fiscalía)”.
Con base en lo anterior el proceso auditor a la Empresa de Energía continúa firme y se valida el informe final presentado por el organismo de control.
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